Buscan poner freno a servidores públicos abusivos

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí para establecer como abuso de funciones de los servidores públicos, la realización de actos u omisiones que impliquen violencia política en razón de género, violencia institucional o conductas que, por motivos de género, obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública y de justicia.

De esta manera, se propone establecer puntualmente que se incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

También, cuando realiza por sí, o a través de un tercero, violencia política en razón de género o ejerza violencia institucional, o alguna de las conductas descritas en el artículo 4º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

Asimismo cuando, por motivos de género, lleven a cabo actos u omisiones dolosas que obstruyan, retrasen o entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

La legisladora señala en su exposición de motivos, que con esta  modificación, se busca que quien ejerce el poder público lo haga con responsabilidad, legalidad y respeto a la dignidad humana, y que cualquier desviación de ese mandato especialmente cuando se basa en prejuicios o estereotipos de género debe ser investigada y sancionada.

“No se trata de crear nuevos privilegios ni de establecer categorías diferenciadas sin fundamento, sino de reconocer que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real y que por ello es necesario adoptar medidas que permitan corregir prácticas discriminatorias y garantizar condiciones equitativas para todas las personas”.

Además, señala que esta reforma contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, ya que envía un mensaje claro de que el servicio público no puede ser utilizado como instrumento de presión, exclusión o castigo por razones de género.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.